Catatumbo: Los Niños de Filo Gringo y el Derecho a la Educación en Tiempos de Guerra

La región del Catatumbo, situada en el norte de Norte de Santander, Colombia, es un territorio marcado por una compleja historia y un profundo legado cultural, pues es el hogar ancestral del pueblo indígena Barí. Su historia está definida por una tensión profunda entre su vasta riqueza natural, especialmente petróleo y tierras fértiles, y la marginación sistémica de su población, que ha soportado una débil presencia estatal centrada más en el control militar que en el bienestar social.

Para los Barí, el origen de la violencia se remonta a la Conquista española y se intensificó gravemente con la «Guerra del Petróleo» del siglo XX, cuando empresas como Colpet y Sagoc desplazaron a las comunidades indígenas y destruyeron su forma de vida tradicional en un proceso que el pueblo Barí identifica como chiractoidracan o genocidio. A mediados del siglo XX, la demografía de la región se transformó nuevamente con la llegada de obreros petroleros y campesinos que huían de la violencia bipartidista en otras regiones de Colombia y se asentaron en las tierras bajas fértiles.

Los finales de los años 70 y los 80 marcaron la llegada de grupos guerrilleros como el ELN, el EPL y las FARC, que construyeron legitimidad local denunciando la pobreza y el abandono estatal. En 1999 ocurrió un giro trágico con la incursión del Bloque Catatumbo de las AUC, que abrió un período de violencia sin precedentes con masacres como las de La Gabarra y desplazamientos masivos que dejaron veredas enteras abandonadas.

Paralelamente, el cultivo de coca emergió a finales de los años 80 como estrategia de supervivencia para campesinos sin infraestructura ni mercado para los cultivos tradicionales de pancoger. Esta economía se convirtió en motor central de la guerra: distintos grupos armados se disputaron su control mientras las respuestas del Estado, como la fumigación aérea, dañaban el medio ambiente y los medios de vida de la población. A pesar de este legado de conflicto y abandono, el pueblo del Catatumbo ha construido una tradición resiliente de organización social a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC), cooperativas como Coomultar y diversas asociaciones indígenas. Estas organizaciones siguen liderando la resistencia y exigen una paz con dignidad.

La situación reciente del Catatumbo está definida por una severa escalada de la violencia y una profunda crisis de las negociaciones de paz, ejemplificada por un ataque con dron dirigido el 6 de abril de 2026 en el municipio de El Tarra. Durante este hecho, miembros del Frente 33 de la disidencia de las FARC lanzaron explosivos que mataron al campesino Wilder Arévalo García y dejaron a otras cuatro personas gravemente heridas, entre ellas la trabajadora Mildred Argote Jiménez. El ataque también incendió por completo una vivienda familiar y ocurrió en un contexto donde los niños no han podido asistir a la escuela durante meses por las amenazas recurrentes. A pesar de la cercanía de una base militar, ubicada apenas a 30 minutos del sitio del lanzamiento, la comunidad reporta que el grupo armado sigue operando con relativa facilidad.

Aunque el gobierno había establecido en el Catatumbo una zona especial para la desmovilización y desarme de los miembros del Frente 33 tras sus pérdidas militares frente al ELN, el grupo ha utilizado esa oportunidad para reorganizarse y fortalecer su capacidad militar. Además, han surgido graves denuncias sobre la connivencia entre organizaciones criminales y la fuerza pública, con acusaciones específicas contra el general Juan Miguel Huertas Herrera, a quien señalan de proporcionar información privilegiada, códigos de radio y apoyo logístico a 'Calarcá'. Reportes recientes sugieren que, desde 2025, fuerzas militares habrían incluso protegido a los líderes disidentes frente a las ofensivas del ELN.

En consecuencia, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos exigen que estos ataques con drones sean investigados como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y reclaman al Estado que garantice los derechos básicos a la salud, la vivienda y la educación de las comunidades campesinas afectadas.

Los niños, niñas y adolescentes del Catatumbo, especialmente del corregimiento de Filo Gringo, viven hoy una crisis que vulnera los principios más básicos de la dignidad humana. Como afirma Naciones Unidas, «la humanidad debe a los niños lo mejor que tiene», y sin embargo, en este territorio, el derecho a la educación y el derecho a vivir sin violencia están siendo arrancados por el conflicto en curso.

Aunque Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y promulgó la Ley 724 de 2001 para institucionalizar la protección y el desarrollo de la infancia, estas garantías legales no han llegado a las familias de Filo Gringo. Los recientes ataques con drones y la inestabilidad militar han forzado el cierre de las escuelas, dejando a una generación entera sin el «desarrollo armónico e integral» prometido por el Estado.

En un esfuerzo conjunto entre el CISCA, los Comités de Mujeres, la REDHER, la Asociación Minga y la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó una jornada de solidaridad con motivo del Día de los Niños y las Niñas. Gracias a la participación de cada persona, organización y comunidad que se sumó, las tres acciones convocadas se llevaron a cabo y llegaron a las niñas, niños y adolescentes de Filo Gringo: